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TORTURA. SU ACTUALIZACIÓN COMO VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS.

Se encuentra plenamente acreditado en los autos que aproximadamente a las 17:30 diecisiete horas con treinta minutos del día 21 veintiuno de marzo de 2008 dos mil ocho, el ahora agraviado fue detenido por los agentes de policía municipal de León, con motivo del reporte telefónico efectuado por su cónyuge, quien denunciaba agresiones verbales en su contra, así lo reconoce el doliente en su declaración ante el Ministerio Público, cuando dijo: “yo estaba un poco tomado la empecé a insultar” (ver foja 126 vuelta); sin embargo, también se acreditó en la especie que los elementos aprehensores incurrieron en tres grandes irregularidades, a saber: 1.- Se introdujeron indebidamente al domicilio de la parte lesa para llevar a cabo el arresto. 2.- Una vez efectuada la detención (17:30 horas) fue puesto a disposición del árbitro calificador hasta las 22:00 horas, es decir, 4 cuatro horas y media después del arresto; lapso en el que aprovecharon para trasladarlo a un lugar despoblado y llevar a cabo los actos lesivos de tortura, situación que se corrobora con el oficio 284/2008, de fecha 1 primero de julio de 2008 dos mil ocho, suscrito por el Director de Oficiales calificadores en León, que en el apartado marcado como número 4 cuatro, literalmente señala:“El C. Segura Median Ángel, ingreso al área de barandilla aproximadamente a las 22:00 (veintidós horas con un minuto) del día 21 de marzo del presente año”(ver foja 191), así como con la declaración de una testigo presencial de hechos, quien fue contundente en señalar que observó a los policías golpeando a un individuo; amén de que relató haber dado aviso a la Dirección de Seguridad municipal sin que nadie acudiese a su llamado, lo cual también evidencia una falta y omisión grave de parte de la autoridad. Por tanto, cobra singular relevancia el término “sin demora” contemplado en el artículo 16 de la Carta Fundamental, esto es, a juicio de esta oficina del Ombudsman guanajuatense resulta a todas luces excesivo e innecesario que la autoridad policiaca se hubiese tardado (demorado) cuatro horas con treinta minutos en dejar al doliente ante la autoridad competente y, en tal virtud, esa tardanza per se deviene conculcatoria de los derechos humanos del quejoso. Sirve de apoyo -por analogía de razón- a los argumentos vertidos, el siguiente criterio Jurisprudencial emitido bajo el rubro: MINISTERIO PÚBLICO. EL TÉRMINO DE CUARENTA Y OCHO HORAS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA QUE RESUELVA LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INDICIADO APREHENDIDO EN FLAGRANCIA, INICIA A PARTIR DE QUE ÉSTE ES PUESTO A SU DISPOSICIÓN. “El precepto constitucional citado, a efecto de tutelar los derechos fundamentales del individuo, establece dos momentos para la integración de la averiguación previa, cuando se trata de la retención de un indiciado bajo la hipótesis de flagrancia: El primero, deriva de la aprehensión hecha por cualquier persona, al sorprender al indiciado en flagrancia, situación en la que debe ponerlo sin demora a disposición de la autoridad inmediata, y ésta, a su vez, con la misma prontitud, al Ministerio Público, lo que permite concluir que también puede darse el caso de que sea la autoridad la que aprehenda a aquél y entonces deberá sin demora ponerlo a disposición de la representación social; y el segundo, consiste en el plazo de las cuarenta y ocho horas que tiene el Ministerio Público para resolver la situación jurídica del indiciado, por lo que ese lapso único y exclusivo para que cumpla con tal fin, inicia a partir de que aquél le es puesto a su disposición. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que puedan derivarse para quien no cumpla con poner sin demora a disposición de la representación social a la persona aprehendida, o que el órgano jurisdiccional realice los razonamientos que sean pertinentes para la valoración de las pruebas cuando derive del incumplimiento de ese primer momento denominado "sin demora". Consecuentemente, se violentó el último párrafo del artículo 9 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, que establece: “El arresto comenzará a computarse desde el momento mismo de la detención. Quién efectúe la detención está obligado a poner al infractor a disposición de la autoridad competente dentro del término de tres horas y ésta a fijar la sanción alternativa en un plazo no mayor de dos horas. 3.- Ahora bien, en la construcción del presente discurso argumentativo se ha demostrado que las violaciones reiteradas a derechos humanos cometidas en agravio del disconforme han consistido en: a) Ingresar a su domicilio indebidamente y b) tardar 4 horas y media en dejarlo a disposición ante la autoridad legal competente; circunstancias que -como ya se ha dicho- por sí mismas constituyen trasgresiones a los derechos fundamentales; sin embargo, bajo la premisa de que no hay mayor criterio de verdad que la evidencia, resulta inconcuso afirmar que los agentes aprehensores también incurrieron en actos de tortura en perjuicio del aquí doliente, esto es, basta sólo con citar como prueba (contundente) la inspección del video -que obra a foja 17- para afirmar que en materia de derechos humanos, lo que se ve sí se juzga.


Por ello, una de las principales finalidades de la presente recomendación consiste en argumentar y razonar -enfáticamente- que la tortura no sólo es un delito, ilegal, violatoria de derechos fundamentales e innecesaria, sino insostenible racionalmente. A mayor abundamiento, con el material de prueba obrante en el expediente es dable colegir la existencia de los actos de tortura cometidos en agravio del inconforme, tan es así que por los mismos hechos aquí analizados se formuló la respectiva denuncia penal, la cual dio génesis a la averiguación previa 03/2008, radicada en la Agencia Especializada en Delitos de Alto Impacto adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, quien ejercitó acción penal por el delito de abuso de autoridad (circunstancia que será analizada posteriormente); amén que en la especie quedaron acreditadas las lesiones ocasionadas (ver certificados médicos que obran a fojas 44, 53, 65 y 139 de los autos) con lo cual se coligen -sin lugar a dudas- actividades que válidamente sugieren la existencia de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes sobre la humanidad del ahora quejoso. Por tanto, es importante señalar que esta Procuraduría de los Derechos Humanos no se opone a la prevención, investigación y persecución de los delitos por parte de las autoridades competentes, sino que hace patente la necesidad de que el Estado -a través de sus instituciones públicas- cumpla con el compromiso asumido ante la comunidad internacional por el gobierno mexicano de prevenir las violaciones a los Derechos Humanos, esto es, investigar seriamente las violaciones que se cometan en el ámbito de su competencia, a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación del daño con apego a la ley; sin embargo, tenemos la firme convicción (y hay que decirlo claramente) de que ningún delito o infracción a la ley debe ser combatido con otro ilícito, máxime cuando estos tengan la connotación de lesa humanidad, como es el caso de la tortura, que se encuentra estrictamente prohibida -como hemos visto- en el sistema jurídico mexicano, aun en las circunstancias más difíciles y delicadas. En esta línea de pensamiento, Sonia Rojas Castro, en su artículo intitulado El Derecho a la Integridad y el Crimen de Tortura, refiere que autores como Ted Robert Gurr, Michel Stohl y George A. López “han explicado cómo el uso de la violencia (como es el caso de la tortura) priva de legitimidad a los sistemas que la practican, es totalmente contraproducente y genera fuerzas capaces de destruirlos, poniéndose en riesgo así la paz social”. Así, resulta ilustrativo el criterio adoptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Durand y Ugarte, en su sentencia de 16 de agosto de 2000, al mencionar lo siguiente: “el uso de la fuerza del Estado debe ser proporcionado, ya que si bien es cierto que está más allá de toda duda que el Estado tiene derecho y el deber de garantizar su propia seguridad y que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno a que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral, ya que ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana”. En ese sentido, cabe destacar que en la actualidad la tortura es considerada como una de las prácticas más reprobables y, por tanto, de mayor preocupación para toda la sociedad, de ahí que no solamente en el ámbito local sino internacionalmente se le considere un delito de lesa humanidad, toda vez que la práctica de este ilícito se presenta como una de las más crueles expresiones de violaciones a los Derechos Humanos; por tal motivo, es necesario que el Estado asegure que ante cualquier acto de tortura se realice una investigación con el fin de lograr el castigo de los responsables. Luego, resulta incuestionable que la tortura conculca principios y valores fundamentales del ser humano, entre ellos, la dignidad humana, esto es, la tortura lesiona gravemente a una persona pues pretende reducirla y trata de vencer su resistencia y arrebatarle su dignidad; amén que también erosiona la vida, la integridad corporal, la libertad personal y el principio de igualad al imponer a la víctima tratos crueles, físicos y/o mentales, negándose así el trato justo y humanitario al que toda persona tiene derecho. De tal suerte, la prohibición de la tortura se considera parte del ius cogens, es decir, tal como lo señala Blanc Altemir, citado por Asdrúbal Aguiar en su obra Derechos Humanos y Responsabilidad Internacional del Estado, la tortura se trata de un crimen internacional cuando existe una situación grave que “puede minar la base de un edificio pacientemente construido por la humanidad en el curso de los siglos y cuya salvaguarda es esencial para la seguridad y el bienestar de una comunidad internacional”.

En síntesis, esta Procuraduría concluye que en el presente asunto resulta irrefutable el hecho de que la conducta denunciada constituye una violación de lesa humanidad (tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes), en términos del artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y sancionar la Tortura, que señala: todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”; lo cual implica un atentado a la dignidad humana y al derecho que tienen los seres humanos a que se respete su integridad física y psicológica, caso concreto, lo acaecido con la parte lesa y, en tal virtud, la autoridad señalada como responsable vulneró el contenido de los artículos 1° párrafo tercero; 14 párrafo segundo; 16 párrafo primero; 19 párrafo cuarto; 20 fracción II y 22 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5.2, 7.1, 7.2, 7.5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1, 3, 4, 6, 7 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; 5 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y el numeral 6 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Consecuentemente, esta Procuraduría emite una recomendación al Presidente Municipal de León, para que en el marco de su competencia efectúe las acciones necesarias para que el procedimiento administrativo disciplinario que se sigue en el expediente 643/08-POL, tramitado ante el Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio que preside, culmine con la sanción correspondiente de acuerdo a la gravedad de la falta en que se incurrió, es decir, por la tortura que se infligió al quejoso por parte de los elementos preventivos A1, A2 y A3; ello en atención a los dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, que señala:“La persona que hubiere dejado de pertenecer al servicio público podrá ser sujeta a procedimiento de responsabilidad administrativa, dentro de los dos años tratándose de las fracciones I y II de este artículo, y dentro de los tres años en los casos a que se refiere la fracción III del presente artículo, posteriores a su separación del cargo y le podrán ser aplicables las sanciones de multa e inhabilitación, siempre que no hayan operado los plazos de prescripción, sin perjuicio de la responsabilidad resarcitoria a que se haga acreedor”.

Expediente de queja 160/08-O



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