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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Imprimir
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO DE. TODA AUTORIDAD QUE TENGA LA CUSTODIA DE UN DETENIDO DEBE RESPETARLO.

Este Organismo ha establecido anteriormente que no se está en contra de que las autoridades proporcionen información al público en general y a los medios de comunicación, sin embargo, resulta menester precisar que la información debe ser proporcionada únicamente por los funcionarios que legalmente están autorizados para ello y siempre cuidando los límites que la propia legislación impone, máxime que la propia Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato es muy clara al establecer que se considerará como información reservada la que ponga en riesgo la privacidad o la seguridad de los particulares, como en el caso aconteció con la información que se proporcionó sobre el aquí quejoso, pues al haberse divulgado los detalles que acarreó su detención, se dañó su buena fama. En efecto, el elemento de la Dirección de Seguridad Pública incumplió con la función que posee de garante de la seguridad de los detenidos, misma que comienza desde el momento en que las personas a quienes priva de su libertad se encuentran bajo su disposición y que da génesis a la protección especial que sobre sus prerrogativas fundamentales se debe garantizar, impidiendo en todo momento que vulnere su derecho a la presunción de inocencia a través de declaraciones que proporcionen funcionarios no autorizados para ello. En este mismo sentido, debe reiterarse que con esta posición la Procuraduría no pretende sugerir de modo alguno que se niegue información a los medios de comunicación, simplemente que esta información no lesione los Derechos Humanos de los detenidos, pues se deja expuesta a la persona a una pena infamante, máxime que en el caso en concreto, el ahora doliente no resultó ser el probable responsable de los multicitados ilícitos, por lo que es claro que se ha vulnerado lo establecido por el artículo 22 de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, en el asunto que aquí nos atañe es incuestionable que el nombre del inconforme se expuso de manera innecesaria y se dejó entrever que se trataba del probable responsable de los delitos de violación en agravio de algunas mujeres residentes de San Miguel de Allende, sujetándolo a una especie de pena infamante, pues se permitió que su nombre apareciera en el boletín que giró la Dirección de Comunicación Social de Presidencia Municipal y un elemento de Seguridad Pública confirmó tal detención, como queda demostrado con la nota periodística publicada por “El Sol del Bajío” y por las afirmaciones de un periodista de dicho diario. Luego entonces, es claro que el haber manejado el nombre del inconforme como la persona que presuntamente había sido el autor material de algunos ilícitos, es a todas luces violatorio de su dignidad, pues únicamente eran especulaciones y de que no había siquiera un señalamiento de parte del Ministerio Público que hiciera probable su responsabilidad; de modo tal que no hay justificación alguna para que se dejara vislumbrar su participación en dichos delitos. Bajo esta óptica, la presunción de inocencia de la persona -lejos de ser un mero principio teórico de Derecho- representa una garantía procesal insoslayable para todos, que tiende a la protección de la situación jurídica de inocencia del inculpado mientras no se produzca una prueba capaz de generar la certeza necesaria para realizar una declaración de culpabilidad, lo anterior se encuentra apoyado en lo que establece el artículo 84.2 de las REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS y en el Principio 36.1 del CONJUNTO DE PRINCIPIOS PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS SOMETIDAS A CUALQUIER FORMA DE DETENCIÓN O PRISIÓN.

EXPEDIENTE DE QUEJA 29/05-N



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